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V Conferencia Latinoamericana y I Conferencia Centroamericana sobre políticas de drogas
San José | Costa Rica, 03 y 04 de septiembre de 2014.

Por, Ignacio Oliva Suazo.

Organizado por CONFEDROGAS yACEID, convocó a las máximas autoridades del país anfitrión, funcionarios de gobiernos de la región; representantes de las principales agencias de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos (OEA); los más destacados especialistas y actores de la sociedad civil.

El objetivo es conversar acerca de las políticas de drogas regionales para elaborar propuestas que sirvan de insumo para la discusión a nivel local y regional e incidir en políticas globales.

Celso Gamboa, Ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, inauguró el evento destacando que de los 44 mil detenidos por ley de drogas en ese país, la mayor parte pertenece al estrato social más vulnerable, poniendo en evidencia la “criminalización de la pobreza”.

Luego de las palabras de inicio, se dio paso al primer panel, acerca de “mercados de drogas regulados”.

Para comprender la importancia de abordar el problema de forma amplia, Augusto Vitale, Coordinador del Instituto de Regulación y Control del Cannabis de la República Oriental del Uruguay, nos relató que son nueve los ministerios de su país que tienen vinculación con la política de drogas, los cuales a su vez están representados a nivel local en sus 19 departamentos y 89 municipios, y en cuanto a las políticas de regulación, nos manifestó que pueden ser consideradas como dispositivos sociales, destacando que “en los mercados regulados deben intervenir los actores políticos pero también la sociedad civil, que comparte la mirada de que el fenómeno es multicausal”.

Por su parte, Carmen Rosa de León Escribano, Directora ejecutiva del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES) nos expuso la preocupante situación de Centroamérica Norte (Honduras, El Salvador y Guatemala), cuyos países se cuentan entre los cinco con mayor cantidad de homicidios, lo que en gran parte se explica por la migración de carteles mexicanos producto de la política de guerra de ese país.

Revisando la situación de USA, Norton Arbeláez, fundador y miembro de la Junta Directiva del Medical Marijuana Industry Group de Colorado, es enfático en señalar que tras cinco años de uso medicinal de cannabis y un año de uso recreativo en Colorado, no hay mayores cambios y no se han cumplido las predicciones que hizo la ONU. Además, la aceptación de estas medidas por parte de los ciudadanos estadounidenses ha aumentado progresivamente y que el lucrativo negocio del narcotráfico se ha combatido de forma inteligente, gracias a la venta sujeta a impuestos, que sólo este año, en Colorado ha recaudado USD $25.307.067 y se espera que en julio de 2015, sea de USD $70 millones.

Para John Collins UK,Coordinador del Proyecto de Política Internacional de Drogas de The London School of Economics (LSE) del Reino Unido, el actual marco de las convenciones de Naciones Unidas es “insostenible” por lo que recomienda que los estados actúen unilateral y regionalmente y esperar el cambio en las convenciones ya que esto no ocurrirá pronto.

Un buen ejemplo acerca de cómo la regulación puede re significar nuestra relación con las “drogas” fue lo que mostró el psicólogo, periodista y empresario peruano, dedicado a la elaboración y comercialización de alimentos integrales enriquecidos con harinas nativas, Manuel Seminario Bisso, quien recalcó la relación milenaria de su cultura con la hoja de coca y su potencial como alimento.

El segundo panel, titulado “Consumo de drogas y el enfoque de salud pública en América Latina”, nos permitió conocer más de cerca la realidad del daño producido por una política de drogas centrada en la prohibición, así como los ejemplos de buenas prácticas locales.

Myres Maria Cavalcanti, Coordinadora del Área Técnica de Salud Mental, Alcohol y otras drogas del Municipio de Sao Paulo, compartió la experiencia del Programa de “Bracos abertos” de dicho municipio, el cual se articula como una red de reducción de daños, al servicio de los consumidores problemáticos de drogas en un sector altamente vulnerable de Sao Paulo, conocido popularmente como “Cracolandia”.

Catalina Pérez Correa González,Profesora Investigadora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y miembro del Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD), nos presentó el informe “En busca de los derechos: Usuarios de drogas y las respuestas estatales en América Latina”, que entre muchos datos destaca que en países como Argentina, el 74% de las causas penales por infracción a la ley de drogas son por tenencia para uso personal y que el 82% del gasto público en “el problema de las drogas” es para disminuir la oferta, lo que refleja que la respuesta penal prevalece sobre la respuesta de salud.

Denise Tomasini Joshi, Subdirectora del Programa Internacional para el Desarrollo de Reducción de Daños de la Fundación Open Society (IHRDP/FOS), haciendo referencia al reporte:Treated with Cruelty: Abuses in the Name of Rehabilitation, expuso su preocupación por los tratamientos involuntarios a petición de las “cortes de drogas”, que muchas veces exponen a individuos a malos tratos y vejaciones, además de obligar a realizar tratamiento a usuarios no problemáticos de drogas, es decir, que han sido detenidos sólo por porte.

El panel de “drogas e inclusión social” nos brindó el momento más emotivo de la jornada, a través del testimonio de Rosa Julia Leyva, representante de la Comisión Nacional de Seguridad, Secretaría de Gobernación de México, quien fuera detenida y brutalmente torturada para brindar declaración, debido al transporte de cocaína, el cual sin embargo, ella desconocía. En su relato, que menciona episodios de sus 12 años de vida en la cárcel, destaca la oportunidad que tiene ahora de participar, junto con el gobierno, en la rehabilitación de mujeres encarceladas, a través del teatro.

Por último, Nischa Pieris (CIM/OEA), Investigadora y analista en la Comisión Interamericana de Mujeres, fue enfática en explicar el perfil de las mujeres encarceladas en Latinoamérica, quienes son en su mayoría jóvenes, con bajo nivel de escolaridad, jefas de hogar o solteras con hijos, lo que hace imprescindible contar con nuevas políticas de drogas que incluyan además las perspectivas de género, teniendo en cuenta sobre todo, que el 80%, 60% y 76% de las mujeres encarceladas en Ecuador, México y Sao Paulo, respectivamente, son por delitos de drogas.

El segundo día, se inauguró con el panel de“Drogas y Violencia”, con la premisa de que la violencia de los estados, en su lucha contra el narcotráfico, sólo ha causado una mayor violencia. José Miguel Cruz, profesor del Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Florida de El Salvador, define tres áreas en que las drogas se vinculan a la violencia: El consumidor como victimario, la violencia de los carteles y la violencia por represión. Destacó que en el denominado “triángulo del norte” que se compone por Honduras, El Salvador y Guatemala, los homicidios son de 86, 72 y 48 por cien mil habitantes, respectivamente. Mientras en el sur, Nicaragua y Costa Rica han mantenido tasas de homicidios estables. Para comprender por qué el aumento de las tasas de homicidio en el triángulo norte, hay que graficar el número total de homicidios en aquellos países por año, lo que muestra un claro aumento desde el año 2007, coincidente con la política de“guerra contra las drogas de México”. Para finalizar su exposición, Cruz sugiere que el problema fundamental no es el narcotráfico sino que la impunidad y la falta de transparencia de las instituciones.

Xiuh Guillermo Tenorio Antiga, Director General de Participación Ciudadana para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia de la Secretaría de Gobernación de México, nos muestra que en su país, la incidencia delictiva no disminuyó, al contrario, todos los delitos aumentaron, a pesar de un aumento del 186% en el número de policías entre 206 y 2012. Por este motivo, explica, en el gobierno del Sr. Peña Nieto se añade la“prevención social de la violencia” en el ámbito de la seguridad pública, ejemplificando este cambio a través del mensaje que entrega el libro “building resilient commnities in Mexico”.

Mike Trace, del Reino Unido, Presidente del Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC), comenta de forma magistral lo que sería un Plan B en políticas de drogas, teniendo como premisas que “el mercado de ilícito no puede ser erradicado” y que es necesario desarrollar nuevos objetivos como la disminución de la violencia y la corrupción, recentrar la inversión y tolerar formas benignas de mercados de drogas que consistirían en formas menos violentas, con mínima ganancia del crimen organizado, con comunidades menos afectadas y menor acceso a grupos vulnerables.

Jorge Paladines, Coordinador Misional Nacional de la Defensoría Pública del Ecuador y miembro del Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD), explica cómo la derogación de la ley 108 en febrero del 2014, ha permitido la liberación de detenidos por infracción a ley de drogas, los que antes de este hecho eran 63 mil. Además, dio cuenta del cierre de comunidades terapéuticas clandestinas, liberando a más de 500 “pacientes”.

El último panel, denominado“Con vistas al UNGASS 2016”, se preguntó si es posible fortalecer una posición consensuada entre los países de la región para avanzar hacia propuestas de reforma. En ese contexto Gerardo Isaac Morales Tenorio, Director General Adjunto para Retos al Desarrollo de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, aseguró que su país está trabajando sobre la “descriminalización del consumo y la búsqueda de alternativas al encarcelamiento” y destacó que hay que poner el énfasis “en la prevención y reducción de los efectos negativos de manera comprensiva, particularmente en los daños sociales”.

Por su parte, La asesora de laministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Sonia Matilde Eljach Polo, aclaró que “cambiar el consenso internacional es muy difícil, pero que América Latina está tomando la delantera en una discusión que espero de sus buenos frutos”.

Mientras que Paul Simons, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), hizo énfasis en la necesidad de contar en el abordaje de esta problemática con los ministerios de salud, con las comisiones nacionales sobre drogas y con la sociedad civil.

Por último, José Alberto Briz Gutiérrez, Director General de Relaciones Internacionales, Multilaterales y Económicas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, destacó la oportunidad que vive Latinoamérica para compartir experiencias y crear nuevos lazos, con el objetivo de afianzar políticas de drogas integradores. Asimismo, este escenario permite tomar ejemplos de otros países, que han producido cambios a través de reformas administrativas o legislativas.

Para finalizar, y como símbolo del arduo trabajo realizado en estas dos jornadas, quedaron a disposición de los representantes de los países miembros de la OEA, las conclusiones de la Conferencia para su consideración en la Asamblea General Extraordinaria sobre drogas, fechada el 19 de Septiembre de 2014.

 
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