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Cannabis: legalizar o no legalizar, ésa es la cuestión

Por Avelino Jiménez Domínguez, Médico psiquiatra.



  Hace décadas la marihuana o cannabis era sinónimo de tráfico, enfermedad, escalada de drogas. Una afirmación contraria a este consenso “oficial” hegemónico, era hacer planteamientos políticamente “incorrectos”, “inaceptables” desde la visión médica y en favor a uno de los azotes de la humanidad: la “drogodependencia” y el narcotráfico. Discurso uniforme de una legislación internacional, a la que Chile se adhirió, progresivamente, desde la década del 70 (del siglo pasado). La última versión de estas leyes es la Ley 20.000 del 2005 “que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas”.

La consciencia social fue cambiando y la cannabis, que se consumía ampliamente en un doble estándar monumental, fue considerándose una planta terapéutica y claramente menos riesgosa que otras sustancias usadas como medicamentos y algunas drogas recreacionales que eran legales.

La Ley 20.000
Ha sido el brazo legal del prohibicionismo con hasta 80.000 detenidos anuales por porte de marihuana, con riesgo que se les involucrara en tráfico o micro tráfico de manera confusa según los tribunales de turno. Sella la mala fama de la cannabis como droga peligrosa y sin utilidad médica, obliga el permiso del Servicio Agrícola Ganadero, SAG, para el cultivo - que nunca se concedió hasta el año antepasado cuando empieza a autorizar para cultivos con fines medicinales-. Permite el uso “personal exclusivo y próximo en el tiempo o para uso médico” pero no especifica cuánto se podía portar o tener para esos fines, y tampoco especifica cuál era el proceder médico para operar el uso terapéutico. En fin, la Ley 20.000 era la Ley maldita del prohibicionismo y se impugnó con estudios y declaraciones políticas oficiales y de más alto nivel como la del Departamento del estudio de la Ley de la Cámara de Diputados que saco un informe al respecto en el 2014.

Las defensas de usuarios por Ley 20.000 eran por las estrategias jurídicas que esta misma permitía: uso personal exclusivo, uso médico, promesa de no reincidir en la conducta tipificada en un año etc. Esto aun cuando desde un comienzo los cimientes del rechazo al prohibicionismo surgen desde la autonomía de cada persona sobre su cuerpo (y su mente), sobre la que el Estado no puede pretender autoridad en una persona adulta autovalente.

En 2012, se produce una inflexión cuando el psiquiatra Milton Flores de Triagrama es acusado de autocultivo sin permiso del SAG y sustenta su defensa en el derecho esencial al cultivo de la espiritualidad con plantas enteógenas, establecido constitucionalmente y en convenios internacionales reconocidos por Chile. Entonces preocuparse de la Ley 20.000 empezó a quedar superado.

Milton Flores fue sancionado por la Ley 20.000. Luego un segundo miembro de Triagrama, Paulina González, fue acusado también por autocultivo, pero terminó con la absolución de la Corte Suprema en Junio 2015. Con lo que se establece un precedente por el cual se puede autocultivar sin permiso del SAG, además según la sentencia se puede consumir concertadamente y no constituye una ofensa a la salud pública. Pero luego los tribunales habrían seguido aplicando la Ley 20000 en algunos casos, hasta este momento.

Por otro lado en junio 2015 –coincidentemente- también una comisión de salud de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar el autocultivo de cannabis. Inicialmente, se propuso 6 plantas, porte de 5 gramos y tenencia de hasta 500 gramos. Luego, cambios políticos bajaron esas coordenadas a 1 planta y otros parámetros absolutamente insuficientes y absurdos, con lo que el cambio en la ley estaría por debajo de lo ya alcanzado lo que sería un retroceso.

¿Por qué un retroceso? Ahora que el autocultivo está en derecho con la Ley 20.000 de acuerdo a la jurisprudencia establecida por la sentencia que hizo la Corte Suprema en el caso de Paulina González, una modificación de esta ley -como las últimas propuestas-, que no esté a la altura de las libertades explícitas en dicho fallo, sería retroceder. Se dice que estar debajo de lo ya logrado en el fallo de la Corte Suprema, es pasar de una restricción “subjetiva” a una “objetiva” al establecer cuotas de cultivo, porte, tenencia, etc. siendo que las mismas no existen en la actual Ley.

Recordemos que Holanda fue el primer país que se opuso al prohibicionismo y permitió el acceso a la marihuana a través de los famosos coffeshops. Esto es posible porque en su Ley sobre el Opio, que aplica en el tema de las drogas psicoactivas, establece la diferencia entre drogas blandas y drogas duras. Entre las drogas blandas clasifica al cannabis, hashis y hongos y entre las duras, a la heroína, cocaína, éxtasis. Las drogas se pueden consumir en Holanda, pero ponen una cuota para el uso personal de las duras. Y las blandas no se pueden cultivar porque es ilegal, pero bajo ciertas condiciones se pueden vender en los coffeshops.

Principio de la oportunidad o prioridad de averiguación.
En Holanda la ley permite a la fiscalía abstenerse de una persecución legal si es que lo encuentra de interés público hacerlo. Y así los coffeshop venden cannabis, que es ilegal, aplicando “el principio de oportunidad” o “prioridad de averiguación”: si el coffeshop lo hace respetando determinadas exigencias, la fiscalía se abstiene de investigar porque al ser declarada entre las drogas blandas no tiene riesgo significativo para la salud.

Propuesta.
Creo que un cambio a la Ley 20.000 podría considerar este principio de la “oportunidad o prioridad de averiguación”. En primer lugar, se puede establecer una cuota legal de cultivo, porte y tenencia legal, para salir de esa ambigüedad de que se puede hacer uso personal pero no se sabe cuánto es tolerado y se termina aplicando la Ley 20.000 discrecionalmente. Cualquiera podría cultivar sin permiso, tener o portar dentro de ese margen legal.

Pero los márgenes propuestos hasta ahora en las conversaciones políticas –reitero- han sido estrechos y aunque se extendieran a cuotas mayores podría haber tal dispersión de necesidades de consumo entre los usuarios, que sería difícil satisfacer a todos. Por lo anterior, en segundo lugar, sobre esa cuota establecida cada persona debería poder cultivar para su uso personal, en cuanto estimara su necesidad sin que constituya delito o falta. Para ello, bastaría informarlo al SAG con datos básicos personales y de donde se cultivará e ir actualizándolos. No pedir autorización, como exige la Ley 20.000 ahora, puesto que, en el nuevo estatus: ejercicio de un derecho, no correspondería pedir autorización. En un Estado organizado, cualquier autocultivador personal de buena fe no tendría problemas en hacerlo abiertamente.

En tercer lugar, crear una norma, que me recuerda al “principio de prioridad de averiguación” o “principio de la oportunidad” holandés. Es decir, autocultivar dentro de la cuota -cualquiera que sea la motivación- sería legal, autocultivar sobre esa cuota cualquiera fuera la motivación, también sería legal; en ninguno de los dos casos habría tipo de delito o falta. Se parecería a la antedicha norma holandesa, en que para cultivar sobre la cuota, habría que informar y, esta condición, haría que cumplido el requisito, inscripción o información en el SAG por ejemplo, esos cultivos “sobre” la cuota establecida explícitamente en la ley “no tengan prioridad de investigación” o aplique el “principio de oportunidad” para inhibir al ente persecutor.

Por su puesto, la Ley podría y le corresponde sancionar el tráfico u otro tipo penal cuando tenga fundamentos para ello y en ese caso debería cargar con el peso de la prueba. Con estos principios se tendría que eliminar la frase la frase de la Ley 20000 “próximo en el tiempo” que pierde sentido (el que nunca lo ha tenido en todo caso).

Democracia.
Otra variable en relación a cambiar la Ley 20000 y permitir el autocultivo de marihuana o cannabis, es la democracia formal de nuestro país, digo “formal” justamente porque con una ley sobre drogas como la en comento, la situación de la salud, educación seguridad social, y la desigualdad etc. sería irresponsabilidad hablar de una democracia. Sin embargo, son los parlamentarios quienes en representación instituida de la población van finalmente a decidirlo, y en qué términos: Nosotros debemos acatarlo, sea lo que desearíamos o no. El camino para conseguir la mejor legislación sobre sustancias, en este caso específico de la cannabis o marihuana, es ganando la voluntad de la gente a través de ideas, honestidad y convicción cualidades que han hecho crecer esta transformación en la concepción del ser humano con las drogas capaces de actuar en el estado de conciencia.

 
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Macarena Rivas